En relaciones comerciales entre empresas, basta con que el deudor incumpla el plazo de pago para que se puedan reclamar intereses de demora. Dicho interés será, a falta de pacto, el que establece la ley. Y, aunque desde el segundo semestre de 2016 ese tipo se mantenía en el 8% anual, a partir del 1 de enero de 2023 ha subido al 10,5%, con vigencia durante todo este primer semestre.

Como consecuencia de ello –y especialmente en los casos en los que no haya pacto en cuanto al interés de demora aplicable–, es posible que sus clientes con facturas pendientes se decidan a pagarlas para evitar engrosar su deuda.

Si su cliente ya estaba en mora antes de este cambio, deberá aplicar el tipo anterior (8%) desde el vencimiento hasta el 31 de diciembre de 2022, y el actual (10,5%) desde el 1 de enero de 2023 hasta el día del total pago de la deuda.

Ello, sin perjuicio de otros gastos en los que pueda haber incurrido como consecuencia del impago: una cantidad fija de 40 euros, más todos los costes de cobro debidamente acreditados y que superen esos 40 euros (en general, gastos bancarios derivados de la devolución de los efectos puestos al cobro –recibo, pagaré, letra, etc.– o gastos notariales derivados del protesto de una letra).