Cuando una empresa tiene dificultades para atender sus pagos puede instar el concurso de acreedores, con el cual todos los pagos anteriores quedan congelados y se intenta llegar a un acuerdo con los acreedores para reducir la deuda, aplazarla o ambas cosas a la vez:

• Una vez se manifieste una desatención generalizada de pagos, el administrador de la empresa deudora tiene dos meses para solicitar el concurso. Si no lo hace, puede llegar a ser declarado responsable de las deudas sociales, por no haber actuado con diligencia.
• La solicitud también puede ser presentada por algún acreedor (en estos casos el concurso se denomina “necesario”).

Todo el procedimiento concursal está enfocado a conseguir un acuerdo con los acreedores para asegurar la continuidad de la actividad. Y si dicho acuerdo no es posible, se procede a liquidar de forma ordenada la sociedad, evitando “carreras” entre los acreedores que podrían perjudicar a unos en beneficio de otros. Por tanto, este procedimiento es un mecanismo de defensa para la propia empresa deudora y para los acreedores, por lo que no debe ser visto con malos ojos en caso de dificultades.